En
primera fila
Nueva Ley de Aviación
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Una
de los mayores, tradicionales “cuellos”
de botella, de manifiesto este fin de año con el aumento del flujo de transporte
nacional y extranjero, es la falta de competencia económica en materia de
aviación, y los usuarios se siguen viendo en la necesidad de padecer un mal,
pésimo servicio de aerolíneas, como saturación y falta de capacidad
aeroportuaria.
¿Cuántos
mexicanos no sufrieron el eterno problema de vuelos sobrevendidos, la total
prepotencia del cambio de horarios, o el consabido pretexto de exceso de
tráfico aéreo para retrasar los vuelos media hora, una hora o hasta dos horas,
amén de los típicos “llegó tarde; tendrá que volar hasta mañana”?
Existe
saturación y una evidente falta de competencia. Líneas como Aeroméxico son
prácticamente un monopolio que tienen tomadas terminales, como la del aeropuerto
de la Ciudad de México.
Frente
a ello, la nueva Ley de Aviación Civil y Aeropuertos, a punto de publicarse,
resulta pequeña frente al gigante problema que obstaculiza el libre tránsito y
la competencia económica, fundamentalmente en épocas de saturación, cuando,
además, nuestros paisanos de otros países tienen que sufrir las de Caín con
esta infraestructura aeroportuaria tan deficiente.
Así,
la reforma en la materia debió abarcar una verdadera revisión relacionada con
un mejor servicio y mecanismos de sanción directa a quienes incumplan la ley, y
no con toda la burocracia que implica recurrir ante Profeco por quejas de mal
servicio.
El
problema es más de monopolios y falta de servicio, que de hacerle reformas “gigantes”
al aeropuerto del DF que, con dos pistas y un proyecto federal de 169 mil
millones de pesos, no lo justifica su aforo. Es un simple negocio sexenal para
que unos cuantos medren, lucren y satisfagan sus apetitos de corrupción.
Así,
creemos que con reformas menores, sobre todo de buen servicio, el país podría
contar con una aviación civil de mejor calidad, con aeropuertos con mayor
servicio y, sobre todo, con empresas que verdaderamente se interesen por los
usuarios, no por su dinero y que siempre les hagan padecer incomodidades,
sobreventas, cancelaciones, sobrecostos y, lo recurrente, su eterna impuntualidad.
Ah, pero ¡pobre del usuario que se retrase ligeramente!
Esa
es la voz de miles de usuarios de todo el país, que todos los días padecen un
mal servicio de aviación. La reforma es mínima frente a la problemática tan
grave y que aumenta en esta época del año, por lo menos hoy no tanto por haber
concluido el periodo vacacional decembrino.
Por
cierto, la reforma, en manos del Ejecutivo, surgió de la Cámara de Diputados,
que la dictaminó y aprobó, tras lo cual el Senado la aprobó y reenvió como
rezago a la Cámara de origen, al igual que más de 80 proyectos que duermen el
sueño de los justos en el Senado.
Al
menos, los cambios a las Leyes de Aviación Civil y Aeropuertos impedirán a
empresas extranjeras seguir explotando el espacio aéreo nacional sin
corresponder con inversiones productivas que conlleven fuentes de empleos para
nuestros connacionales.
En
México, unas mil 600 aeronaves de permisionarios extranjeros y nacionales están
matriculadas como taxis aéreos, por lo que es necesaria una revisión del padrón
para incorporarlos a la nueva reglamentación que, por cierto, es oportuna para
revisar la antigüedad de la flota aérea comercial privada y no-comercial para
su renovación como medida de seguridad para el espacio aéreo mexicano.
Por
otro lado, es importante sancionar ejemplarmente a permisionarios extranjeros
que practiquen el cabotaje en México, muchos de cuyos aviones tienen más de 20
años de servicio. Habría que ver si Estados Unidos tiene estrictos controles en
ese sentido, ya que en México prestan sus servicios ante la complacencia del
marco jurídico que regula el espacio aéreo, poniendo en riesgo a los pasajeros,
además de afectar su diferencia de precios.
No
deseamos más accidentes como el que recién le costó la vida a reconocida
artista que contrató a un permisionario extranjero con servicios de cabotaje
con aeronaves obsoletas. Imagínese el costo social de la tragedia si el avión
hubiera caído en zona urbana.
Asimismo,
es necesario fomentar políticas públicas que impulsen el crecimiento de la
aviación privada, simplificar procedimientos para otorgar permisos, certidumbre
que elimine la corrupción con readecuación de los altos costos regulatorios,
evitar doble tramitación y homologar regulaciones con nuestro principal socio
comercial, Estados Unidos.
Además,
debería ser de dos años el certificado de aeronavegabilidad, y no permanente,
ya que fomentaría la corrupción, y siempre que se acredite que las aeronaves
están en condiciones óptimas de funcionamiento, acreditando los mantenimientos
preventivos y correctivos, de acuerdo a los estándares internacionales.
Entre
los beneficios de la nueva ley se incluye que las autoridades aeronáuticas
mexicanas reconocerán los talleres aeronáuticos y centros de capacitación
ubicados en el extranjero para evitar más costos a la aviación general,
actualmente de más de 50 millones de pesos anuales.
Por
último, facilitará la tramitación de permisos para aeródromos civiles en zonas
lejanas, aunque no debiera ser permanente la vigencia de la licencia del
personal técnico aeronáutico, ya que su periódica revalidación es principal
medio de la autoridad aeronáutica mexicana.
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita
del nombre de su autor)
*Luis
Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco avecindado en Chetumal, Quintana
Roo, con más de 37 años de trayectoria como reportero, jefe de información,
editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha
fungido como Jefe de Información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes
municipales, y publicado tres libros.
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