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En primera fila
                Olvido de 72 masacrados
                                     Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
         A dos días de elegirse presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, todo hace suponer que habrá cambio de titular y que, de entre la veintena que presentó su solicitud y expuso su eventual programa ante el Senado de la República, solamente cuatro, uno de ellos mujer, dejaron satisfechos a los legisladores.
         Con un muy cuestionable paso de cinco años por esa institución, Raúl Plascencia Villanueva deja más dudas que éxitos, y aunque durante su informe-comparecencia ante los senadores hizo una vehemente defensa de su trabajo, no resultó suficiente para el “sínodo”, que analizó a profundidad a todos los aspirantes 
En el caso del aún presidente, por ejemplo, llama de sobremanera la atención su planteamiento en el sentido de que, desde su llegada a la CNDH, tuvo una actuación sin precedentes en defensa de los derechos humanos, atención puntual a las víctimas que deben ser atendidas y jamás revictimizadas y que absolutamente todas las recomendaciones tienen puntual seguimiento.
Sin embargo, ante la reciente herida que enlutó a México y conmovió a mundo por el caso de los normalistas desaparecidos de Iguala, la memoria empieza a hacer estragos sobre otro hecho que también conmocionó, aunque no provocó la incontrolable reacción en cadena que se vivió el 23 de agosto del 2010: La masacre de los 72 migrantes en el priísta Estado de Tamaulipas, en San Fernando.
Las víctimas fueron 58 hombres y 14 mujeres, la mayoría inmigrantes de Centro y Sudamérica, asesinados por la espalda, apilados y puestos a la intemperie, tras ser secuestrados, no pagar el dinero que les exigían Los Zetas para dejarlos libres y negarse a formar parte del grupo criminal. Para el 8 de octubre se habían reconocido 50 cadáveres, 21 hondureños, 14 salvadoreños, 10 guatemaltecos, un ecuatoriano y cuatro brasileños.
Un ecuatoriano, único sobreviviente de la matanza, denunció los hechos ante las autoridades cercanas, aunque el 1 de septiembre se reveló la existencia de otro testigo, un hondureño, y cuatro días después, de otro salvadoreño. Las autoridades mexicanas aseveraron que no existía evidencia de que fueran testigos.
Pese al panorama generalizado de los hechos, los familiares señalan con toda razón, entre otros, que en la Comisión existe dilación de la justicia. ¡Imagínese Usted: Tres años con cuatro meses para investigar con miras a una recomendación!, la 80/2013.
También con sobrada razón,  los especialistas señalan que se trató de un informe endeble que terminó por ahondar los agravios de los familiares de las víctimas, que sólo existió un seguimiento burocrático en las actuaciones de los gobiernos federal y del estatal y que se desestimó a los familiares de los migrantes masacrados.
Por si fuera poco, ¡en ningún párrafo de la recomendación 80/2013 se consideró la masacre como una violación grave a los derechos humanos!, salvo que los gobiernos incurrieron en faltas a la legalidad, seguridad jurídica, acceso a la procuración de justicia, la verdad, trato digno y honor, pero jamás se señaló responsabilidad por omisiones del Estado Mexicano.
Habría que preguntarle a Plascencia Villanueva ¿Por qué no se hizo? y ¿Qué se requiere para que actos tan aberrantes como la masacre de los 72 migrantes en Tamaulipas se considere violación a los derechos humanos?
El hecho de que los familiares de los masacrados hayan incurrido al Amparo contra la recomendación de la CNDH implica que no sólo se sintieron agraviadas por los asesinatos de sus parientes, sino también por el propio Plascencia Villanueva por emitir la recomendación en los términos que lo hizo, es decir, se sienten doblemente victimizadas, primero por los criminales y luego por la recomendación.
Lo cierto es que resulta preocupante que se haya interpuesto ese histórico Amparo, y habría que revisar la ley cuando dice en el artículo 47 que no pueden controvertirse los actos de la CNDH, aunque no quisiéramos pensar que usted el funcionario se amparó cinco años en el artículo para emitir recomendaciones de esa naturaleza.
Cabe señalar que los familiares argumentaron en su Amparo que no los consideraron como víctimas, que no investigaron los hechos de manera integral, que no se respetaron sus derechos de acceso a la justicia, la dignidad y la protección familiar, a conocer de manera fidedigna los hechos y a participar en el proceso de investigación y de emisión de la recomendación.
El senador perredista Fidel Demédicis Hidalgo fue el único en tribuna en señalar que México escucharía con atención su respuesta sobre este capítulo que conmocionó a México y al mundo, del que todos esperábamos alguna recomendación en los términos de proteger el derecho pro persona, entre otros.
Lo cierto es que, para nuestra fortuna, aunque lamentablemente, ese triste capítulo se ha cerrado, así como la posibilidad de que un funcionario como Plascencia Villanueva permanezca al frente de una institución que debiera ser considerada realmente humanista y autónoma, menos burocrática y condescendiente con la política y los políticos.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)

*Luis Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco avecindado en Chetumal, Quintana Roo, con más de 36 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha fungido como Jefe de Información de dos ex gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado tres libros.

luancaba@hotmail.com                                                      leg_na2003@yahoo.com.mx                      http://facebook.com/luisangel.cabanas            luisangel.cabanas@facebook.com                                
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