En
primera fila
Olvido de 72 masacrados
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
A dos días de elegirse presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, todo hace suponer que habrá cambio de titular y que, de entre
la veintena que presentó su solicitud y expuso su eventual programa ante el
Senado de la República, solamente cuatro, uno de ellos mujer, dejaron
satisfechos a los legisladores.
Con un muy cuestionable paso de cinco años por esa
institución, Raúl Plascencia Villanueva deja más dudas que éxitos, y aunque
durante su informe-comparecencia ante los senadores hizo una vehemente defensa
de su trabajo, no resultó suficiente para el “sínodo”, que analizó a
profundidad a todos los aspirantes
En
el caso del aún presidente, por ejemplo, llama de sobremanera la atención su
planteamiento en el sentido de que, desde su llegada a la CNDH, tuvo una
actuación sin precedentes en defensa de los derechos humanos, atención puntual
a las víctimas que deben ser atendidas y jamás revictimizadas y que
absolutamente todas las recomendaciones tienen puntual seguimiento.
Sin
embargo, ante la reciente herida que enlutó a México y conmovió a mundo por el
caso de los normalistas desaparecidos de Iguala, la memoria empieza a hacer
estragos sobre otro hecho que también conmocionó, aunque no provocó la
incontrolable reacción en cadena que se vivió el 23 de agosto del 2010: La
masacre de los 72 migrantes en el priísta Estado de Tamaulipas, en San
Fernando.
Las
víctimas fueron 58 hombres y 14 mujeres, la mayoría inmigrantes de Centro y
Sudamérica, asesinados por la espalda, apilados y puestos a la intemperie, tras
ser secuestrados, no pagar el dinero que les exigían Los Zetas para dejarlos
libres y negarse a formar parte del grupo criminal. Para el 8 de octubre se
habían reconocido 50 cadáveres, 21 hondureños, 14 salvadoreños, 10
guatemaltecos, un ecuatoriano y cuatro brasileños.
Un
ecuatoriano, único sobreviviente de la matanza, denunció los hechos ante las
autoridades cercanas, aunque el 1 de septiembre se reveló la existencia de otro
testigo, un hondureño, y cuatro días después, de otro salvadoreño. Las
autoridades mexicanas aseveraron que no existía evidencia de que fueran testigos.
Pese
al panorama generalizado de los hechos, los familiares señalan con toda razón,
entre otros, que en la Comisión existe dilación de la justicia. ¡Imagínese
Usted: Tres años con cuatro meses para investigar con miras a una recomendación!,
la 80/2013.
También
con sobrada razón, los especialistas
señalan que se trató de un informe endeble que terminó por ahondar los agravios
de los familiares de las víctimas, que sólo existió un seguimiento burocrático en
las actuaciones de los gobiernos federal y del estatal y que se desestimó a los
familiares de los migrantes masacrados.
Por
si fuera poco, ¡en ningún párrafo de la recomendación 80/2013 se consideró la
masacre como una violación grave a los derechos humanos!, salvo que los
gobiernos incurrieron en faltas a la legalidad, seguridad jurídica, acceso a la
procuración de justicia, la verdad, trato digno y honor, pero jamás se señaló
responsabilidad por omisiones del Estado Mexicano.
Habría
que preguntarle a Plascencia Villanueva ¿Por qué no se hizo? y ¿Qué se requiere
para que actos tan aberrantes como la masacre de los 72 migrantes en Tamaulipas
se considere violación a los derechos humanos?
El
hecho de que los familiares de los masacrados hayan incurrido al Amparo contra
la recomendación de la CNDH implica que no sólo se sintieron agraviadas por los
asesinatos de sus parientes, sino también por el propio Plascencia Villanueva
por emitir la recomendación en los términos que lo hizo, es decir, se sienten
doblemente victimizadas, primero por los criminales y luego por la
recomendación.
Lo
cierto es que resulta preocupante que se haya interpuesto ese histórico Amparo,
y habría que revisar la ley cuando dice en el artículo 47 que no pueden
controvertirse los actos de la CNDH, aunque no quisiéramos pensar que usted el funcionario
se amparó cinco años en el artículo para emitir recomendaciones de esa
naturaleza.
Cabe
señalar que los familiares argumentaron en su Amparo que no los consideraron
como víctimas, que no investigaron los hechos de manera integral, que no se
respetaron sus derechos de acceso a la justicia, la dignidad y la protección
familiar, a conocer de manera fidedigna los hechos y a participar en el proceso
de investigación y de emisión de la recomendación.
El
senador perredista Fidel Demédicis Hidalgo fue el único en tribuna en señalar
que México escucharía con atención su respuesta sobre este capítulo que
conmocionó a México y al mundo, del que todos esperábamos alguna recomendación
en los términos de proteger el derecho pro persona, entre otros.
Lo
cierto es que, para nuestra fortuna, aunque lamentablemente, ese triste
capítulo se ha cerrado, así como la posibilidad de que un funcionario como
Plascencia Villanueva permanezca al frente de una institución que debiera ser
considerada realmente humanista y autónoma, menos burocrática y condescendiente
con la política y los políticos.
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita
del nombre de su autor)
*Luis
Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco avecindado en Chetumal, Quintana
Roo, con más de 36 años de trayectoria como reportero, jefe de información,
editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha
fungido como Jefe de Información de dos ex gobernadores y tres presidentes
municipales, y publicado tres libros.
luancaba@hotmail.com
leg_na2003@yahoo.com.mx http://facebook.com/luisangel.cabanas luisangel.cabanas@facebook.com
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