En
primera fila
Ejército, ¿involucrado en Iguala?
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Con
ocho soldados consignados por la reciente ejecución de más de una docena de
personas en Tlataya, Estado de México, sin embargo, nadie pone en tela de
juicio el enorme papel del Ejército Mexicano como instituto por todo el
territorio nacional, pero, para su mala fortuna, la desaparición forzada lo
compromete desde el 9 de noviembre de 2002, tras entrar en vigor la Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
El
artículo 215 del Código Penal Federal determina que es responsable del delito
de desaparición forzada de personas todo servidor público que,
independientemente de que participe en la detención legal o ilegal de una o
varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier
forma de detención.
En
este sentido, desde el 27 de septiembre último estudiantes de la escuela Normal
de Ayotzinapa denunciaron que 58 de sus compañeros estaban desaparecidos y que
existían indicios de que algunos de ellos se encuentran retenidos en el cuartel
del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, Guerrero.
Siete
días después, el 4 de octubre, la PGR a través de la SIEDO anunció la atracción
de las investigaciones. El 6 de octubre, en conferencia de prensa, el titular
de la dependencia, Jesús Murillo Karam informó que se trasladaría a esa ciudad
con el jefe de la Agencia de Investigación Criminal para encabezar
personalmente las indagatorias y esclarecer el caso de esos normalistas
desaparecidos.
A
42 días de los hechos, no había respuesta, sino un silencio que delataba
cómplices, encubrimiento. El informe parcial que se presentó, si bien no es
conclusivo sí necesita atender omisiones graves en la investigación de la
verdad, entre ellas información relativa a las cuatro, cinco, nueve, 12, 15, 19
¿cuántas fosas clandestinas con cadáveres de personas? ¿Cuántos muertos? ¿A
quién o quiénes se encubre?
Desconocemos
cuántos mexicanos que tienen derecho a ser identificados y consecuentemente a
investigar a sus criminales responsables ¿En qué otros municipios de Guerrero
se han localizado fosas clandestinas? ¿Bastó la licencia de Ángel Aguirre como
gobernador? ¿Se ha iniciado la investigación de sus omisiones y complicidades?
¿Quiénes más están implicados, la Secretaría estatal de Seguridad Pública, la
Procuraduría de Justicia del mismo Estado; la policía federal, el Cisen, el
Ejército a través del 27 batallón de Iguala –está a poco más de un kilómetro
del lugar de los hechos- el procurador Murillo Karam, que conoció de hechos del
crimen organizado, del cual ahora el detenido es parte? ¿A quién se encubre?
Las
complicidades no garantizan la vida de los 43 desaparecidos, la salud de los
heridos y la vida de los asesinados a mansalva y alevosía. Fue un crimen de
Estado, se grita en las calles, pero, ¿quiénes son los responsables? Para
evitar hechos como los del 26 y 27 de septiembre en Iguala, ahora se anuncia un
pacto por la seguridad.
¿Cómo
creer en la viabilidad de un pacto por la seguridad, cuando que quien lo
convoca ha sido omiso en cumplir con sus obligaciones legales en su calidad de
presidente del sistema nacional de seguridad? ¿Cómo creer en la viabilidad de
un pacto por la seguridad, cuando se ha tolerado la complicidad de un
procurador que desconoció e ignoró un clamor de justicia de las víctimas del
hoy detenido ex presidente municipal de Iguala?
¿Cómo
creer en la viabilidad de un pacto de seguridad, cuando la comandancia del 27
Batallón de Infantería del Ejército, con su aparente omisión, se asocia al
crimen organizado? ¿Cómo creer en la viabilidad de un pacto por la seguridad
cuando los partidos políticos representados en el Congreso de Guerrero callaron
cuando se clamó el desafuero de José Luis Abarca Velázquez, por las víctimas de
Unidad Popular de Iguala?
Los
legisladores federales no puede ser cómplice del crimen de Estado. Aún pueden
actuar con la verdad en las manos, con la justicia tan negada a miles de
víctimas de la delincuencia organizada que impera en nuestro sistema político y
judicial.
Deberían
escuchar a los jóvenes y a los familiares de las víctimas, que de nueva cuenta
tienen que salir a protestar a las calles, tal y como lo hicieron el miércoles
en la metrópoli, cuando se reunieron decenas de miles de manifestantes que “no
vieron” las televisoras y contaron mal los periodistas afines.
Uno
de los más entusiastas diputados inconformes con el avance de las
investigaciones es el petista Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, quien dice
tratar de “ser voz de todos estos ciudadanos” y de que sus compañeros
legisladores reflexionen y deveras busquen la verdad, ya que, considera, “no puede
ser posible que sigamos siendo omisos ante tan graves hechos”.
Con
todo, tan solo durante el sexenio anterior los abusos de la milicia originaron
más de 8 mil quejas ante la CNDH y colocaron a la Sedena como la secretaría con
más asuntos relacionados con violaciones a los derechos humanos. Casos de
violación sexual, tortura y homicidio se acumulan en los expedientes. “Tenemos
un Ejército sui géneris sin controles institucionales”, advertía el propio general
brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez, preso político de 1993 al 2002 y actualmente
catedrático de la UNAM.
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita
del nombre de su autor)
*Luis
Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco avecindado en Chetumal, Quintana
Roo, con más de 36 años de trayectoria como reportero, jefe de información,
editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha
fungido como Jefe de Información de dos ex gobernadores y tres presidentes
municipales, y publicado tres libros.
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