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En primera fila
               ¡Ombudsman-caso Colosio!
                                      Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Tal y como le advirtió al ex titular de la Comisión de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, cuando éste compareció ante el Senado en busca de su reelección -no es usted bienvenido, le dijo-, la aguerrida legisladora campechana del PT, Layda Sansores San Román, también se ensañó contra el recién electo presidente de esa institución, Luis Raúl González Pérez.
En ambos casos, sin embargo, la temida senadora -por sus enemigos priístas y corifeos- justificó sobradamente su actitud inquisidora, sobre todo en el caso del nuevo funcionario de la CNDH, a quien cuestionó severamente días antes de ser elegido el jueves, cuando, como señalamos en columna anterior, los senadores emularon el típico “dedazo” priísta.
En efecto, González Pérez se presentó el 30 de octubre entre una veintena de aspirantes con un mensaje que admiró a los legisladores, pero cuando lo interrogó Layda Sansores se le subió la sangre a la cabeza al mencionarle ésta que gozar de buena reputación es un requisito legal y constitucional para el titular de la Comisión, y “considero que su reputación por ahora no es muy buena”.
Así, acusó que existían más de 43 denuncias en su contra en la propia Comisión, una de ellas de “la maestra Ibarra” -María Esther Ibarra, reconoció luego el acusado- por violentar el derecho a la privacidad, así como de transmitir información confidencial de aquélla a otra oponente en un concurso de oposición.
Por otro lado, dijo preocuparle una denuncia del maestro Carpizo - Enrique Carpizo Aguilar, sobrino del ex rector Jorge Carpizo- sobre el plagio de una investigación académica que le encargó y después intentó utilizar para alcanzar el grado de Doctor en una universidad en España, a lo que respondió iracundo a través de familiares y prensa en lugar de la vía legal.
El escándalo estalló apenas el 28 de agosto último en la UNAM, donde González Pérez fungía como Abogado General y, según la queja, presentada ante la visitadora adjunta de la CNDH, Claudia Isabel Conde López, Carpizo Aguilar elaboró durante ocho meses -por encargo de González Pérez- una investigación sobre la libertad de expresión, entre 2011 y 2012, cuyo resultado le entregó personalmente en 600 páginas.
Ciertamente, a cualquiera preocuparía este tipo de reacciones, sobre todo por tratarse del nuevo “apóstol” de Derechos Humanos y haberse dado en el Instituto Nacional de Investigaciones Jurídicas, del que forma parte el nuevo funcionario, donde se habla de mafias por la UNAM y, por lo que se ve, también existen mafias políticas, no sólo criminales.
A partir de ese “incidente”, el ex funcionario de la UNAM obstaculizó el cambio de adscripción del quejoso de la Facultad de Derecho al Instituto, donde labora desde hace más de siete años, así como dificultando la firma de su asignación de profesor ‘C’, ya que fue ascendido de profesor titular ‘A’, sin que hasta hoy haya podido formalizarse.
Dichos obstáculos se materializaron a través de funcionarios que forman parte de la “red mafiosa” que encabeza González Pérez y a la que pertenecen la directora de la Facultad, Leoba Castañeda, y el coordinador de la Unidad de Estudios de Posgrado del Instituto, Francisco Ibarra Palafox, quien ha obstaculizado sus trámites para su titulación de doctorado.
El Instituto también se vio involucrado nuevo escándalo en octubre, cuando uno de sus miembros, el licenciado Ernesto Villanueva, sufrió un atentado en Ciudad Universitaria, donde le dispararon en tres ocasiones a una camioneta blindada que conducía, de lo que el académico, cuyo abogado es el propio Enrique Carpizo, responsabilizó al exdirector del Instituto, Diego Valadés.
Los hechos se dieron en el marco de reciente cuestionamiento de Villanueva al trabajo del ahora presidente de la CNDH y días después de que la esposa de aquél había sido despedida del Instituto pese a su enorme prestigio.
Ah, pero eso no es todo, ya que, González Pérez fue el último fiscal del caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio, y encargado de asegurar que no existían evidencias sólidas para señalar a nadie más que Mario Aburto como único autor intelectual y ejecutor del primer magnicidio de México, de lo que derivó que el gobierno considerara cerrado el caso desde el año 2000 con la hasta hoy cuestionada hipótesis del “asesino solitario”.
Para la mayoría de los mexicanos, aquél fue un crimen planeado, estructurado y ejecutado desde las altas esferas del poder del PRI, único que resultó beneficiado con lo ocurrido y esa “resolución”, en la que estaría más que embarrado quien, al menos en teoría, ahora se ocupará de defender y solventar los derechos fundamentales de todos los mexicanos.
¿Qué intereses defenderá ahora desde la Comisión? ¿Qué hará con todas esas denuncias en su contra? ¿Habrá garantía de imparcialidad en la institución?  ¿Y todavía siguen creyendo los senadores que González Pérez goza realmente de buena reputación? ¡Pobres mexicanos!

 (Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)

*Luis Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco avecindado en Chetumal, Quintana Roo, con más de 36 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha fungido como Jefe de Información de dos ex gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado tres libros.


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