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En primera fila
               Indigna presupuesto 2015
                                      Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Hasta parecía coincidencia, pero el caso es que la designación del nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el Senado sirvió como distractor de la población ante otro interesante escenario que se desarrollaba a la misma hora, con la sola diferencia de Cámaras, ya que en la de Diputados se discutía el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015.
 Increíblemente aprobado por el PRD, sospechosamente diríamos, y con el acostumbrado aval del PAN, que lo justificó con un falso patriotismo, el proyecto, que como era de esperarse, apoyó desde un principio la “pareja infernal” PRI-Verde, terminó por aprobarse con 344 votos a favor, 107 en contra y 4 abstenciones, pese a los estériles esfuerzos del PT y Movimiento Ciudadano. El Panal se dividió.
Lo cierto es que, en términos generales, el Congreso fue tratado en la distribución del presupuesto con una calificación de méritos, ya que se destinó mayores recursos a los diputados más subordinados, para poder aparecer en sus Distritos como grandes gestores y posibles candidatos “para algo”.
En este sentido, consideramos que la discrecional designación de estas bolsas es ilegal, ya que se decide con absoluta opacidad, a espaldas de la ciudadanía. ¿No es obvio que estas prácticas abonan al enorme desprestigio del Congreso? Nadie podría estar de acuerdo con el secuestro del presupuesto.
Y vaya que tenían suficiente razón los diputados que votaron en contra, ya que, por un lado dicen preocuparles el tema de los 24 mil desaparecidos del país y los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero por el otro le recortan el 67% al presupuesto a la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos de la PGR.
Por otro lado, dicen consignar y perseguir los ataques contra periodistas y activistas de derechos humanos, pero en el presupuesto se le recorta el 30% a la Fiscalía para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión.
Asimismo, se insiste en que es preocupante la escandalosa tasa de feminicidios y la proliferación de las redes de trata de personas, pero se le recorta el 22% de presupuesto a la Fiscalía para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.
Las autoridades también dicen que les preocupa el control y evaluación de confianza de los cuerpos policiacos y ministeriales, mientras que les recorta el 30% al Instituto para la Formación Ministerial, Policial y Pericial, y el 13% al Centro de Evaluación y Control de Confianza.
Lo que es peor, este presupuesto 2015, al igual que el anterior, castiga a las principales universidades, colegios e institutos de investigación de todo el país con prácticamente nulos aumentos presupuestales, incluso con rectores como los de la Universidad Pedagógica Nacional y el Colegio de Bachilleres.
Ah, pero eso sí, se determina premiar con un incremento del 6% al Congreso de la Unión, incluyendo uno del 10.3% al Senado, mientras que al Estado Mayor Presidencial, que sólo tiene la responsabilidad de cuidar a la familia presidencial y su Casa Blanca, se le aumentó el 20% de sus recursos, es decir 117 millones de pesos.
Entre quienes razonaron su voto en contra se incluyó la diputada de Movimiento Ciudadano, Luisa María Alcalde Luján, quien adujo que estas razones, entre muchas otras, la invitaron a estar contra ese presupuesto que, antes de combatir inseguridad, desempleo, pobreza y falta de crecimiento económico, privilegia el gasto corriente de las élites políticas.
Por si fuera poco, la estructura del gasto federal no modifica las políticas públicas de los dos primeros años de ejercicio. Es una propuesta inercial que atiende una visión de Estado regulador, responsable de garantizar enormes ganancias para las empresas monopólicas nacionales y extranjeras en detrimento de la calidad de vida y bienestar de los mexicanos, que enfrentarán a los índices más altos de pobreza,  inseguridad y acceso a servicios de salud y vivienda, donde la dignidad brilla por su ausencia.
Su exposición de motivos dice que la economía crecerá un 3.7%, atendiendo a la confianza de los distintos actores económicos, políticos y sociales, generada por las reformas estructurales, así como por los crecientes flujos de inversión extranjera directa, resultado de las nuevas condiciones que ofrece el país a inversionistas internacionales, sobre todo las relacionadas con negocios y “amplias oportunidades de crecimiento y desarrollo económico”. No cabe duda que no vivimos en el mismo país que gobierna Peña Nieto.
En el ámbito internacional, México es señalado como un país con alto índice de inseguridad que pone en riesgo actividades económicas como el turismo internacional, inseguridad que hace dudar la seguridad inversionista.
El propio Fondo Monetario Internacional cuestiona la bonanza esperada de la reforma energética. En la reciente Cumbre del G-20, dijo que los débiles precios del petróleo tendrán impactos diferentes en el mundo, aligerando la presión sobre los importadores, pero provocó nuevos riesgos para productores.
La Cámara resultó irresponsable al aprobar un Presupuesto sostenido por mayor deuda pública interna y externa, además de dar pauta a gastos en proyectos de infraestructura como el aeropuerto internacional y el tren rápido, que generan negocios para amigos y grave perjuicio para las finanzas públicas.
En tanto, omite políticas de seguridad pública para la población, simula programas de combate a la corrupción dejando intocado el sistema de financiamiento ilegal del “lavado” de dinero en distintos sectores económicos y políticos, como se ha ventilado en investigaciones periodísticas, pero no fiscales o ministeriales.
Por cierto, la falta de transparencia y rendición de cuentas permite a presidentes partidistas portar relojes con valor de más de 600 mil pesos -¿verdad César Camacho Quiroz?- y que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa pague una renta de 290 mil dólares mensuales por el inmueble de sus oficinas.
Otro absurdo de las finanzas públicas es la adquisición de un Boeing 787 modelo Dream Liner, que en el ámbito comercial tiene una capacidad para 250 personas, totalmente equipado, así como la remodelación del hangar presidencial, que impactarán las finanzas públicas con cerca de ocho mil millones de pesos.
Cabe reflexionar y preguntar ¿cuál es la lógica de la administración federal para adquirir un avión presidencial cuando el 70% de la población vive en pobreza extrema? ¿Cómo explicar en forma fehaciente y transparente una licitación viciada de origen -el tren rápido- que se revoca ante el escándalo de la corrupción presidencial con la adquisición de un inmueble en Polanco por la familia presidencial?
Los diputados pueden seguir con su complacencia, y aunque sólo les resta menos de un año de ejercicio, a Peña Nieto le queda el tiempo que determina el descontento social.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)

*Luis Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco avecindado en Chetumal, Quintana Roo, con más de 36 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha fungido como Jefe de Información de dos ex gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado tres libros.


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