En
primera fila
¿Apuesta a la amnesia?
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Cuando
nadie lo esperaba, demoró más de 40 años dirimir que Álvaro Obregón y Plutarco
Elías Calles habían mandado matar al Gral. Francisco Serrano en 1927, lo que da
una luz de esperanza a los mexicanos de que otros grandes crímenes finalmente
se esclarezcan, así tengan que transcurrir muchos años, y los responsables sólo
puedan ser juzgados por la historia.
Así
las cosas, muy probablemente en el año 2029 finalmente sepamos cómo estuvo el
asesinato de Luis Donaldo Colosio, aunque para los tribunales es un caso
cerrado en 2000, cuando la fiscalía que encabezaba el ahora presidente de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl Rodríguez Pérez, determinó
que se trató de un asesino solitario, Mario Aburto.
Lo
cierto es que, en crímenes similares, todo hace suponer que la verdad del poder
quiere legitimarse en el espacio mediático o, lo que es lo mismo, se pretende
apela a la mala memoria de los mexicanos, apoyados por tribunales cuyo trabajo
deja mucho desear, como fue el reciente caso de la Suprema Corte de Justicia.
En
efecto, apenas el miércoles último, tras casi 17 años de la masacre de 45
personas en Acteal, Chiapas, la Corte decretó que no hay responsables de ese
crimen, perpetrado el 22 de diciembre de 1997, aunque, por lo menos, ordenó la
libertad de Lorenzo Ruiz Vázquez, José Guzmán Ruiz y Alfredo Agustín Hernández
Ruiz, integrantes del grupo de indígenas que promovió 75 amparos contra los
delitos de homicidio, lesiones calificadas y portación de armas de uso
exclusivo de las fuerzas armadas.
Los
beneficiados interpusieron recurso de reconocimiento de inocencia, que se les concedió
en base a criterios de la primera sala de la SCJN en 2008, cuando otorgó los
primeros amparos y ordenó la libertad porque la PGR había aportado pruebas
ilícitas, con lo que violó su derecho al debido proceso.
El
común denominador de las pruebas acusatorias fueron declaraciones de personas
que decían prácticamente lo mismo después que se les mostró un álbum
fotográfico con fotografías de los presuntos culpables, detenidos y
sentenciados como autores materiales de la matanza.
No
obstante, la defensa confía en que el caso siga abierto porque no se ha hecho
justicia a los sobrevivientes del ataque cometido en ese paraje del municipio
de Chenalhó, Chiapas, por lo que demandarán reparación del daño al gobierno
federal, pero no para que entreguen indemnizaciones, sino para que las
autoridades volteen los ojos hacia esa zona de Chiapas, que quedó olvidada y
estigmatizada por la matanza.
De
los 102 indígenas procesados por el homicidio de 45 integrantes de la comunidad
de Las Abejas, sólo quedan dos en prisión por no presentar recurso ante la
Corte, aunque un tribunal redujo su sentencia de 36 a 18 años.
Irónicamente,
el único que se acordó del caso fue el diputado federal Francisco Alfonso
Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano, quien propuso infructuosamente modificar
la agenda, ya que en la víspera “casi 17 años después de la masacre de Acteal,
la Corte consagró de manera definitiva la impunidad al declarar que no había
responsables de la masacre”, acusó.
El
argumento de la SCJN se basó en posibles manipulaciones de la investigación por
parte de la PGR, pero nada dijo absolutamente de los paramilitares ni de los
funcionarios públicos vinculados con el tema.
Lo
grave, creemos, es que pudiera ser un anticipo de la posible ruta para la
investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, lo que
implicaría que las autoridades determinaran finalmente que nadie fue culpable
de nada, para lo cual también apelarían a la mala memoria de los mexicanos.
Como
se sabe, a principios de octubre, la Corte Suprema de EE.UU. desestimó la
apelación de 10 sobrevivientes de la matanza de paramilitares vinculados con el
gobierno, que trataron de demandar al ex presidente Ernesto Zedillo (1994-2000)
como parcial responsable de encubrir la masacre.
El
tribunal no dio razón de su negativa, aunque un juez federal en Connecticut y
la Corte de Apelaciones del 2º. Circuito de Nueva York habían desestimado la
demanda con fundamento en que Zedillo, quien calificó las acusaciones como
infundadas, tiene inmunidad como ex jefe de Estado. Actualmente éste imparte
cátedra en la Universidad de Yale, en Connecticut.
Según
crónicas, durante la incursión paramilitar se atacaron indígenas tzotziles de
la organización "Las Abejas", que oraba en una pequeña iglesia, con el
resultado de 45 muertos, incluidos 16 niños y siete embarazadas, lo que el
gobierno calificó como conflicto étnico, aunque opositores y defensores de
derechos humanos lo consideran parte de una estrategia terrorista del gobierno
para desarticular la base social de Acteal.
El
crimen fue oficialmente castigado, pero el procedimiento policial y judicial
fue inadecuado, por lo que se siguen exigiendo garantías, ya que el crimen
permanece impune. Fuentes periodísticas acusan a mandos del Ejército de haber colaborado
con la masacre, donde casquillos de bala encontrados en la escena del crimen
corresponden a armas sólo están en posesión del ejército.
Asimismo,
testimonios declararon que mandos militares armaron a civiles y los incitaron a
disparar contra otros civiles, por lo que la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos consideró que Zedillo debió ser condenado por delitos de lesa
humanidad, aunque Las Abejas se deslindó de la demanda en su contra, alegando
que los demandantes serían partidarios del PAN o del ex presidente Carlos
Salinas, con quien Zedillo siempre mantuvo una seria rivalidad.
Tras
la matanza, se inculpó a 26 indígenas que “identificaron” deudos de las
víctimas como autores de los crímenes, por lo que aquéllos solicitaron Amparo,
que les otorgó la SCJN a 20 de ellos en agosto de 2009, con el argumento de que
la PGR -en aquel tiempo encabezada por Jorge Madrazo Cuéllar- fabricó
evidencias para inculparlos.
Los
responsables de la masacre fueron unos 90 paramilitares opuestos al Ejército
Zapatista de Liberación Nacional, en una operación que se duró siete horas, a
sólo 200 metros de un retén de policía. Entre los participantes figuraban ocho
ex policías condenados a unos tres años de prisión.
En
aquella época operaban más de diez grupos paramilitares que combatían al EZLN,
todos vinculados al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó
México 71 años ininterrumpidos en medio de críticas por actos de corrupción y
autoritarismo.
¿Habrá
un proceso similar para el caso de los 43 estudiantes de Iguala desaparecidos?
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita
del nombre de su autor)
*Luis
Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco avecindado en Chetumal, Quintana
Roo, con más de 36 años de trayectoria como reportero, jefe de información,
editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha
fungido como Jefe de Información de dos ex gobernadores y tres presidentes
municipales, y publicado tres libros.
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