En
primera fila
Arrecia crisis por desaparecidos
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Lejos
de calmarse los ánimos de los mexicanos con la detención del ex alcalde de
Iguala, José Luis Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda
Villa -junto con su encubridora Noemí Berumen Rodríguez-,
la indignación creció este martes en la Cámara de Diputados con el informe de
la Comisión Especial de seguimiento a las investigaciones relacionadas con los
hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a los alumnos de la Escuela Normal Rural
de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”.
La
sesión ordinaria del martes sirvió de marco para nuevos, duros reclamos de los legisladores
contra el gobierno, únicamente defendido, como siempre, por los hermanos
PRI-Verde, que acusaron de mentirosos a sus detractores, a los que la “campana”
les acortó sus cuestionamientos
No
obstante, nuevamente se puso de manifiesto que las recientes, terribles ejecuciones
en Tlatlaya, Estado de México, y los asesinatos de Iguala, con la desaparición
forzada de los normalistas, han servido como vitrinas que claramente exponen la
grave situación generalizada de corrupción, impunidad y violencia que azota a
México.
Ésta
es una verdad. Esto es un hecho contundente que el Estado no puede negar o estaría
muy mal. Es tan crítico este momento, que la única exigencia de los padres y
familiares de las víctimas es: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
Es
evidente que la cifra de asesinatos que la Secretaría de Gobernación dice que
han disminuido, es totalmente falsa, ya que casi a diario aparece una nueva fosa
clandestina con víctimas en calidad de desaparecidas en alguna parte del
territorio nacional.
Ante
ello, surgen consideraciones en el sentido de que estamos frente a un evidente
caso de ausencia y conducción del Estado mexicano en materia de seguridad,
luego de conocer las contradicciones, vacíos y desinformación por parte de las
instituciones federales directamente encargadas de investigar.
Hasta
hoy el móvil del crimen colectivo sigue siendo objeto de rumor y especulación.
La extraordinaria violencia con que se desarrolló denota inutilidad de las
medidas para contener la criminalidad en México y mala aplicación de sanciones de
las procuradurías a los más de 50 policías municipales de Iguala y Cocula
detenidos, cuyo nivel de participación y responsabilidad se desconoce.
Por
otro lado, los gastos extraordinarios reportados a la Auditoría Superior de la
Federación en materia de inteligencia y seguridad rebasan 50% del autorizado,
sin que se perciban claramente resultados proporcionales a esa erogación.
En
este sentido, es necesario que conforme aumente el presupuesto haya resultados claros,
sobre todo en las investigaciones, donde es clara la improvisación, inconexión
y, sobre todo, la ausencia de profesionalismo y capacidad técnica para
recuperar valiosa información en los hechos.
Así,
no obstante contar con calidad apropiada en recursos humanos y de personal
profesional, han tenido que venir peritos extranjeros, ante la incapacidad de
los que trabajan en la PGR.
A
mes y una semana de los hechos, lo único que ha aumentado es la comprensible
indignación de las familias y comunidades afectadas, así como las muestras de
apoyo y solidaridad en todo el país y el extranjero hacia los desaparecidos.
La
cantidad de intereses que se entremezclan en la realidad de Guerrero, incluso
con clara complicidad de las áreas de inteligencia del gobierno federal, obligan
a pensar que en otras entidades ocurre lo mismo y se hacen de la vista “gorda”.
Cabe
precisar que buena parte de esta crisis que vive el país se debe al modelo
económico que por años empobrece a millones de mexicanos, tal y como demuestran
cifras del Coneval y del INEGI. Carecemos de una auténtica política social que
promueva el desarrollo de las comunidades, pues no han resultado los modelos
del gobierno federal.
La
respuesta de amplios sectores sociales y de medios de comunicación
convencionales supone que esta crisis no es coyuntural, sino que se agravará
con el tiempo. La legitimidad de gobierno, sus instituciones, procedimientos y
leyes son supervisados por la sociedad, por lo que mientras más tiempo pase sin
resultados será proporcional al desgaste de esa imagen que han querido
construir de un Presidente de la República eficiente.
El
principal desafío del gobierno es dar explicaciones técnicas, retóricas o
legales que satisfagan la imperiosa necesidad de informar con la verdad, ya que
la falta de agilidad para informar ha provocado de forma gradual y persistente
que el foco de atención se desplace hacia el gobierno federal. En bienestar de
la nación debe recuperarse el terreno perdido mediante acciones creíbles, no
discursos.
Hacen
falta respuestas, hechos. La pesadilla está lejos de terminar, y no queremos
que se insista en la tesis creada y maquillada de la “pareja solitaria”. Se sabe
que existen responsables por encima del alcalde, así como de la complicidad de
autoridades de inteligencia del gobierno federal, tanto en el ámbito formal
como en el de las estructuras delincuenciales.
Esta
pareja no se manda ni se mandaba sola, sino que actúa en contubernio con otras
autoridades, y se debe de investigar y castigar.
Sobre
el particular, creemos que el papel del Centro de Investigación y Seguridad
Nacional (CISEN) ha dejado mucho que desear, pues no investigó seriamente los
hechos. ¿Cómo es posible que después de tanto tiempo carezca de una línea de
investigación sobre las actividades de Abarca Velázquez? ¿Y qué decir de las
averiguaciones pendientes de las que tenía conocimiento el titular de la PGR?
¿Qué
decir de las fallas de inteligencia militar del batallón en el lugar de los
hechos -en Iguala operan mecanismos de inteligencia-? ¿Y qué decir de la
inteligencia de la policía federal? ¿Cómo es posible que en el C4 sólo funcionaran
cuatro cámaras que también debieron prevenir los lamentables hechos? Ya hubo
capturas en el ámbito municipal, y ceses y renuncias en el estatal, pero se
espera y exigen responsables del gobierno federal.
La
impunidad se habrá comenzado a combatir cuando haya responsables materiales e intelectuales
por acción, pero también por omisión en los tres niveles de gobierno.
Lamentablemente,
víctimas y familiares de víctimas no se han querido reunir hasta hoy de manera
formal con los legisladores de esa Cámara porque, pese a los discursos de
algunos legisladores, no les tienen confianza.
Con
este tipo de hechos, la ciudadanía pierde cada vez más la confianza en sus
instituciones y, sobre todo, en sus representantes populares, y mejor prueba de
ello es que el informe de la Comisión careció de voz de las víctimas y organizaciones
sociales defensoras de derechos humanos, por lo que, si bien es un avance de
control parlamentario, no es suficiente por carecer de la parte fundamental de
todo proceso de investigación: La voz de las víctimas.
Como
demandó la diputada perredista Lizbeth Eugenia Rosas Montero, no se puede
permitir nunca más que un servidor público pagado con el dinero de todos realice
actos delictivos y, peor aún, de lesa humanidad. ¡Que caigan todos los
responsables! y, como es clamor generalizado, que se encuentren vivos a los 43
normalistas, ¡caiga quien caiga de los tres niveles de gobierno!
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita
del nombre de su autor)
*Luis
Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco avecindado en Chetumal, Quintana
Roo, con más de 36 años de trayectoria como reportero, jefe de información,
editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha
fungido como Jefe de Información de dos ex gobernadores y tres presidentes
municipales, y publicado tres libros.
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