En
primera fila
¿Renunciará otro gobernador?
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Irónicamente,
el análisis de la recién aprobada Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes sirvió de marco para planteamientos políticos que desembocaron en
la solicitud de renuncia del gobernador del Estado de México, el priísta,
Erubiel Ávila, a quien Movimiento Ciudadano cuestionó por su proceder ante la
matanza de 22 civiles en Tlataya, en la que se involucraron elementos del
Ejército.
A
decir del diputado federal Ricardo Mejía Berdeja, la pregunta obligada sería si
en el cambio de funcionarios, como se ha venido dando en Guerrero con la
renuncia de su gobernador Angel Aguirre Rivero tras la desaparición de los 43
normalistas de Iguala, también debería haber cambio en el gobierno de ese Estado,
uno de los más violentos e inseguros del país.
Las
versiones sobre su renuncia comenzaron a circular fuerza desde abril, aunque Eruviel
Ávila habría rechazado declinar ante un supuesto requerimiento del presidente
Peña Nieto, tras ser señalado de no lograr un gobierno sólido por algunos
sectores de la sociedad, ante lo cual habría pedido respaldo del PAN y el PRD.
Ahora
bien, lo cierto es que la pobreza y falta de oportunidades en la mayor parte
del país, unido a la ola de sangre de la fallida estrategia de Estado en
materia de seguridad de Felipe Calderón y Peña Nieto, han hecho invisibles a
miles de niños y adolescentes vulnerables, que día a día esquivan constantes
amenazas y extorsiones del crimen organizado, con todo tipo de violencia para
forzarlos e ingresar a sus actividades.
La
Red Nacional de Derechos de la Infancia calcula que entre 20 y 30 mil niños y
adolescentes sufren de narcoexplotación, es decir, no sólo están siendo
explotados, sino que son objeto directo de beneficio de grupos criminales que
los mantienen prácticamente esclavizados.
La
organización Save The Children dice que están en rango de víctimas por el sólo
hecho de estar en esa etapa, y las bandas criminales han encontrado cómo
obligarlos a trabajos forzados y ser esclavos, ya sea vía rapto, engaño y
coerción, en la mayoría de casos acompañada de violencia física y emocional.
Empero,
algunos reclutamientos los favorecen complejas condiciones sociales, entre
ellas la apatía de adultos, familia inclusive, por falta de protección adecuada,
y de ahí la necesidad de considerar el futuro de esos niños azotados por la
delincuencia, que trabajan de “halcones” con esas organizaciones delictivas.
En
este sentido, a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
debió involucrarse el tema de la protección de refugiados y migrantes de ese
sector, pues atraviesa por difíciles momentos de incertidumbre y crisis
económica, social y delictiva en todo el país.
Así
las cosas, la concordia nacional no sólo impone más cambio de hombres y nombres en los cargos públicos, sino del propio
modelo que desangra al país en Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Estado de México
Michoacán, Tamaulipas, Puebla o Chihuahua, entidades donde, de no buscar la
concordia, abunda “pasto” seco para prender.
Tras
cristalizarse el cambio del Ejecutivo de Guerrero, es hora de que el propio Gobierno
Federal reflexione y reconozca ser parte también de las consecuencias que vive
esa entidad, entre otros por no haber actuado con oportunidad contra la delincuencia
organizada como delito federal, así como no considerar que las desapariciones
forzadas son delitos de lesa humanidad y de carácter federal.
Como
consecuencia, podrán cambiar a hombres y mujeres, pero seguirán los problemas si
siguen las causas que originaron la degradación política en Guerrero y México.
Hoy
es Guerrero, mañana podría ser el Estado de México, donde Eruviel Ávila dijo
que el caso de Tlatlaya había sido un enfrentamiento entre civiles y militares,
por lo que felicitó a estos últimos por el asesinato de 22 personas, mientras
que la Comisión de Derechos Humanos, ante la ratificación o cambio de su
titular, señalaba omisiones y falsificación de pruebas de parte del Ministerio
Público y la Procuraduría de Justicia.
No
incendiemos al país ni propiciemos que prenda el “México bronco”, ya que,
aunque pocos lo acepten, la responsabilidad social en la movilización de la Coordinadora
Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) y de todo el
magisterio de ese Estado es un cobro de “factura” a Peña Nieto por la reforma
educativa.
Ya
basta de reformas regresivas, narcopolítica y complicidades. Si habrá “limpia”,
que sea en todos los partidos y niveles de gobierno, primero en la Presidencia de
la República y los gobernadores. No hay que olvidar el caso de Sonora, que pasó
al olvido con la propiedad que se adquirió con la desviación de recursos.
Tampoco
olvidemos los criminales endeudamientos de gobernadores priístas, como el
quintanarroense Félix González o el coahuilense Humberto Moreira, así como
tampoco de las masacres de varios Estados. Ese es el futuro de la niñez, y el
futuro de ésta empieza por construir un mejor país... y esto es con la renuncia
de quienes no sirven ¿Verdad Erubiel?
Según
el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, 3.3 millones de niños mexicanos no
asisten a la escuela, la mayoría de ellos provenientes de familias en condición
de pobreza, familias indígenas y de comunidades rurales donde la situación es
todavía más dramática. ¡Hay que hacer algo! ¡Pero ya!
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita
del nombre de su autor)
*Luis
Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco avecindado en Chetumal, Quintana
Roo, con más de 36 años de trayectoria como reportero, jefe de información,
editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha
fungido como Jefe de Información de dos ex gobernadores y tres presidentes
municipales, y publicado tres libros.
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