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En primera fila
                 ¡Justicia a “terroristas”!
                                      Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Tras nueve días de su detención como consecuencia de la manifestación del 20 de noviembre en el zócalo de la ciudad de México por la desaparición de los 43 normalistas de Iguala, los 11 acusados por ese motivo recobraron su libertad este sábado por orden de un juez de Distrito que decretó insuficientes los elementos probatorios para mantenerlos prisioneros.
De este modo, fructificaron los reclamos de diputados federales de la oposición, especialmente de Movimiento Ciudadano, que exhortaron al jefe de gobierno del Distrito Federal a investigar y sancionar en el ámbito de sus atribuciones actos ilegales de malos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del DF contra la ciudadanía.
La protesta internacional del 20 de noviembre se desarrolló de forma pacífica y sin incidentes desde Hong Kong hasta Suecia, donde cientos de miles de personas en todo mundo clamaron justicia. Estudiantes, padres, adultos mayores, campesinos, maestros y hasta clérigos y monjas se unieron codo a codo coreando el reclamo unísono de una sociedad indignada.
Empero, una vez más, al estilo de este gobierno, inaugurado el primero de diciembre de 2012, cuando Peña Nieto rindió protesta, la noche de la Ciudad de México se manchó de sangre y gritos de dolor por la dura represión y presencia de provocadores con las mismas tácticas de siempre.
Con todo, el jefe de policía del DF, Jesús Rodríguez Almeida, dijo que, gustara a quien le gustara, sus policías actuaron con valor “gallardía” y “responsabilidad”, pese a que fueron “gallardos” en golpear mujeres, ancianos y niños, con una “gallardía” que incluyó pisotear y patear a quienes estaban de rodillas y con los brazos al aire exigiendo el cese de la violencia.
Fueron “gallardos” al violar todos los protocolos sobre el uso de la fuerza y al detener indiscriminadamente a cualquiera que se cruzaba en su campo de visión; fueron “gallardos”  al incomunicar a los detenidos y falsear declaraciones ministeriales en su contra y, sobre todo, al decir que actuaron en defensa propia porque creyeron que la consigna “¡fuera las instituciones!” era amenaza de muerte en contra de ellos.
Los detenidos, golpeados y humillados fueron decenas, aunque sólo 11 seguían tras las rejas, inicialmente acusados, escuche Usted, ¡de terrorismo!, tentativa de homicidio, motín y asociación delictuosa.
No obstante, los detenidos son estudiantes y trabajadores sin antecedentes penales, y de ahí que estas detenciones arbitrarias se suscriban a la estrategia de terror del gobierno de Peña Nieto para desacreditar el movimiento y la protesta social, infundir miedo y que nadie salga a las calles.
Desde un principio se llegó al absurdo de acusarlos de terrorismo y delincuencia organizada, se les detuvo con lujo de violencia y llevó a la SEIDO y, en menos de 24 horas, ya estaban en penales de máxima seguridad como si fueran terroristas o peligrosos capos de las drogas. Ocho de ellos fueron trasladados al penal de Veracruz, y tres mujeres a Nayarit.
Nunca antes la PGR había sido tan “expedita” en intervenir. En Ayotzinapa, ¡10 días debieron transcurrir! para comenzar sus indagatorias, y hasta la fecha se ignora dónde estén los normalistas ni por qué se los llevaron.
¿Conoce Usted los perfiles de los que el gobierno tacha de delincuentes y terroristas?: Hugo Bautista González, trabaja en un Call Center y por las tardes estudia sociología en la UNAM (detenido junto con su pareja Tania Ivonne Damián Rojas); Hilary Analí González Olguín, estudiante de noveno semestre de ciencias políticas; Luis Carlos Pichardo Moreno, trabajador de producción cinematográfica y teatral, estudia en el Centro de Capacitación Cinematográfica; Atzin Andrade González, estudiante del quinto semestre de artes plásticas de La Esmeralda, y el chileno Laurence Maxwell, de 47 años, alumno del doctorado de la UNAM.
Los otros son Liliana Garduño, Juan Daniel López Ávila, Roberto César Jasso del Ángel, Francisco García Martínez y Ramón Domínguez Patlán, todos ellos estudiantes universitarios de diferentes especialidades y prácticamente todos alumnos de la máxima casa de estudios, la UNAM.
Con justa razón diría la diputada Luisa María Alcalde Luján que “no, no hay olvido, no hay intención de disminuir la protesta; se están equivocando. Los estudiantes y ciudadanos están y seguirán en las calles en tanto sigan las injusticias, impunidad y corrupción”.
Precisamente este sábado cumplía el plazo legal para determinar la situación jurídica de los 11 presos políticos detenidos en penales federales de alta seguridad, y señalar a la Judicatura y al procurador Jesús Murillo Karam que no pagaran justos por pecadores; que no con el afán de inhibir la movilización social, las protestas y el legítimo derecho constitucional a la manifestación, se encarcele a gente inocente.
Los delitos por los que se les acusaba no solamente eran infundados, sino desproporcionados, y de ahí que el secretario de Gobernación debiera girar instrucciones y sancionar, en el ámbito de sus responsabilidades, a los granaderos y agentes federales que cometieron violaciones graves a los derechos humanos durante las manifestaciones del 20 de noviembre.
En tanto, Murillo Karam deberá avocarse a investigar los delitos del ámbito federal en que hayan incurrido dichos “servidores” públicos federales al simular actos para generar atentados represivos, así como investigar quiénes son los anarquistas que aprovechan las protestas para provocar y destruir.
Por último, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, deberá, en el ámbito  de sus atribuciones, investigar y sancionar presuntos actos ilegales contra la ciudadanía por parte de malos agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del DF.
Tal y como señalara el diputado federal Ricardo Mejía Berdeja, para rehabilitar a la nación primero se ha de privilegiar la concordia y no hacer presos políticos. No todo es “colorín colorado” y todos vivieron felices para siempre ¡Hay que procurar y aplicar la verdadera justicia!

 (Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)

*Luis Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco avecindado en Chetumal, Quintana Roo, con más de 36 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha fungido como Jefe de Información de dos ex gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado tres libros.


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