En
primera fila
¡Justicia a “terroristas”!
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Tras
nueve días de su detención como consecuencia de la manifestación del 20 de
noviembre en el zócalo de la ciudad de México por la desaparición de los 43
normalistas de Iguala, los 11 acusados por ese motivo recobraron su libertad
este sábado por orden de un juez de Distrito que decretó insuficientes los
elementos probatorios para mantenerlos prisioneros.
De
este modo, fructificaron los reclamos de diputados federales de la oposición,
especialmente de Movimiento Ciudadano, que exhortaron al jefe de gobierno del
Distrito Federal a investigar y sancionar en el ámbito de sus atribuciones
actos ilegales de malos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y la
Procuraduría General de Justicia del DF contra la ciudadanía.
La
protesta internacional del 20 de noviembre se desarrolló de forma pacífica y
sin incidentes desde Hong Kong hasta Suecia, donde cientos de miles de personas
en todo mundo clamaron justicia. Estudiantes, padres, adultos mayores,
campesinos, maestros y hasta clérigos y monjas se unieron codo a codo coreando
el reclamo unísono de una sociedad indignada.
Empero,
una vez más, al estilo de este gobierno, inaugurado el primero de diciembre de
2012, cuando Peña Nieto rindió protesta, la noche de la Ciudad de México se
manchó de sangre y gritos de dolor por la dura represión y presencia de
provocadores con las mismas tácticas de siempre.
Con
todo, el jefe de policía del DF, Jesús Rodríguez Almeida, dijo que, gustara a
quien le gustara, sus policías actuaron con valor “gallardía” y “responsabilidad”,
pese a que fueron “gallardos” en golpear mujeres, ancianos y niños, con una “gallardía”
que incluyó pisotear y patear a quienes estaban de rodillas y con los brazos al
aire exigiendo el cese de la violencia.
Fueron
“gallardos” al violar todos los protocolos sobre el uso de la fuerza y al
detener indiscriminadamente a cualquiera que se cruzaba en su campo de visión;
fueron “gallardos” al incomunicar a los
detenidos y falsear declaraciones ministeriales en su contra y, sobre todo, al
decir que actuaron en defensa propia porque creyeron que la consigna “¡fuera
las instituciones!” era amenaza de muerte en contra de ellos.
Los
detenidos, golpeados y humillados fueron decenas, aunque sólo 11 seguían tras
las rejas, inicialmente acusados, escuche Usted, ¡de terrorismo!, tentativa de
homicidio, motín y asociación delictuosa.
No
obstante, los detenidos son estudiantes y trabajadores sin antecedentes penales,
y de ahí que estas detenciones arbitrarias se suscriban a la estrategia de
terror del gobierno de Peña Nieto para desacreditar el movimiento y la protesta
social, infundir miedo y que nadie salga a las calles.
Desde
un principio se llegó al absurdo de acusarlos de terrorismo y delincuencia
organizada, se les detuvo con lujo de violencia y llevó a la SEIDO y, en menos
de 24 horas, ya estaban en penales de máxima seguridad como si fueran
terroristas o peligrosos capos de las drogas. Ocho de ellos fueron trasladados
al penal de Veracruz, y tres mujeres a Nayarit.
Nunca
antes la PGR había sido tan “expedita” en intervenir. En Ayotzinapa, ¡10 días debieron
transcurrir! para comenzar sus indagatorias, y hasta la fecha se ignora dónde
estén los normalistas ni por qué se los llevaron.
¿Conoce
Usted los perfiles de los que el gobierno tacha de delincuentes y terroristas?:
Hugo Bautista González, trabaja en un Call Center y por las tardes estudia
sociología en la UNAM (detenido junto con su pareja Tania Ivonne Damián Rojas);
Hilary Analí González Olguín, estudiante de noveno semestre de ciencias
políticas; Luis Carlos Pichardo Moreno, trabajador de producción cinematográfica
y teatral, estudia en el Centro de Capacitación Cinematográfica; Atzin Andrade
González, estudiante del quinto semestre de artes plásticas de La Esmeralda, y
el chileno Laurence Maxwell, de 47 años, alumno del doctorado de la UNAM.
Los
otros son Liliana Garduño, Juan Daniel López Ávila, Roberto César Jasso del
Ángel, Francisco García Martínez y Ramón Domínguez Patlán, todos ellos estudiantes
universitarios de diferentes especialidades y prácticamente todos alumnos de la
máxima casa de estudios, la UNAM.
Con
justa razón diría la diputada Luisa María Alcalde Luján que “no, no hay olvido,
no hay intención de disminuir la protesta; se están equivocando. Los
estudiantes y ciudadanos están y seguirán en las calles en tanto sigan las
injusticias, impunidad y corrupción”.
Precisamente
este sábado cumplía el plazo legal para determinar la situación jurídica de los
11 presos políticos detenidos en penales federales de alta seguridad, y señalar
a la Judicatura y al procurador Jesús Murillo Karam que no pagaran justos por
pecadores; que no con el afán de inhibir la movilización social, las protestas
y el legítimo derecho constitucional a la manifestación, se encarcele a gente
inocente.
Los
delitos por los que se les acusaba no solamente eran infundados, sino desproporcionados,
y de ahí que el secretario de Gobernación debiera girar instrucciones y
sancionar, en el ámbito de sus responsabilidades, a los granaderos y agentes
federales que cometieron violaciones graves a los derechos humanos durante las
manifestaciones del 20 de noviembre.
En
tanto, Murillo Karam deberá avocarse a investigar los delitos del ámbito
federal en que hayan incurrido dichos “servidores” públicos federales al simular
actos para generar atentados represivos, así como investigar quiénes son los
anarquistas que aprovechan las protestas para provocar y destruir.
Por
último, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, deberá, en el ámbito de sus atribuciones, investigar y sancionar
presuntos actos ilegales contra la ciudadanía por parte de malos agentes de la
Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del DF.
Tal
y como señalara el diputado federal Ricardo Mejía Berdeja, para rehabilitar a la nación primero se ha de privilegiar la
concordia y no hacer presos políticos. No todo es “colorín colorado” y todos
vivieron felices para siempre ¡Hay que procurar y aplicar la verdadera
justicia!
(Permitida la copia, publicación o
reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)
*Luis
Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco avecindado en Chetumal, Quintana
Roo, con más de 36 años de trayectoria como reportero, jefe de información,
editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha
fungido como Jefe de Información de dos ex gobernadores y tres presidentes
municipales, y publicado tres libros.
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