En
primera fila
¿Ignorantes en la consulta?
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Como
bien diría la diputada federal María
Sanjuana Cerda Franco, representante
del Partido Nueva Alianza (Panal), la consulta popular, uno de los más
importantes instrumentos de la democracia directa, es un derecho político
fundamental, cuyo debido ejercido puede robustecer la participación ciudadana
en la formulación de las políticas públicas y rendición de cuentas.
A
México llega con retraso. Apenas en la reforma política-electoral de agosto del
2012 se incorporó esta figura a la Carta Magna, mientras que la Ley Federal de Consulta
Popular entró en vigor en marzo de este año, aunque su estreno ha sido una
experiencia marcada por una serie de circunstancias que le afectan directamente
como instrumento democrático.
En
efecto, la Suprema Corte de Justicia, con base en el artículo 35 de la
Constitución, declaró no ser constitucional la materia de las cuatro consultas
promovidas por otros tantos partidos políticos.
Esa
resolución, co-rrec-ta e inapelable, obliga a una revisión crítica del uso que
quisieron los partidos y el marco jurídico que establece los requisitos, materia
de consultas y procedimiento, a fin de estar en condiciones de ofrecer una
explicación convincente sobre las razones jurídicas por las que no habrá
consulta popular en las elecciones de 2015.
La
Corte argumentó que las preguntas de las consultas promovidas se ubican en
alguna de las hipótesis contempladas en el numeral tercero de la fracción VIII
del artículo 35 de la Constitución, que establece que no podrán ser objeto de
consulta la restricción a los derechos humanos, los principios consagrados en
el artículo 40 constitucional, LA MATERIA ELECTORAL, los ingresos y gastos del
Estado y la seguridad nacional, entre otros.
Más
allá del debate sobre los criterios de interpretación del texto, lo cierto es
que las preguntas planteadas carecieron desde un principio de un sólido
fundamento para acreditar su constitucionalidad como materia de consulta.
Creemos
que la consulta, junto con la iniciativa ciudadana y las candidaturas
independientes, constituyen un importante avance en el proceso de
empoderamiento de los ciudadanos, ya que pueden contribuir a elevar la
intensidad y calidad de la participación ciudadana en los procesos de decisión
pública, que en este momento urgen al sistema político.
Sin
tantas vueltas, por todo lo anterior creemos importante que los partidos expliquen
a la ciudadanía por qué promovieron consultas populares en busca de revocar
disposiciones constitucionales y leyes vigentes, cuando que este instrumento carecía
de alcances revocatorios.
Asimismo,
es indispensable explicar a los ciudadanos que apoyaron con miles de firmas las
cuatro consultas, el porqué de las preguntas formuladas sobre temas vedados por
la Constitución, como son los ingresos del Estado y la materia electoral.
Son
competentes para solicitar una consulta popular el presidente de la República,
al menos el 33% de cualquier de las Cámaras del Congreso y por lo menos el 2%
de la lista nominal ciudadana.
La
ciudadanía reclama un proceso de crítica y autocrítica, pero es menester
precisar a fondo si es legal y legítimo que los partidos promuevan consultas
populares en un proceso donde se corre el riesgo de que el derecho ciudadano se
limite, manipule o, de plano, expropien los partidos políticos.
Cuando
nobleza obliga nos veamos en la necesidad moral de rectificar errores, lo que no
ha ocurrido en el caso de los históricos promoventes de las primeras cuatro
consultas, que insisten en achacarles culpas a los ministros de la Corte, a los
que han imputado una serie de reprochables calificativos, cuando que, en lo que
vale, actuaron apegados estrictamente a la ley.
Lo
que más resulta indignante es que quienes están obligados a conocer las leyes
porque, constitucionalmente, son quienes las elaboran vía proyectos de ley,
sean irónicamente los más ignorantes en la materia y, en el peor de los casos,
ni siquiera conozcan la propia Constitución, y más aun si nos referimos a quienes
están obligados a conocerla por su propia profesión.
No
se trata de inventar a ese tipo de personas, ya que existen en la vida real,
con nombres y apellidos. Un ejemplo de ellos es el diputado federal veracruzano
del PRD, Uriel Flores Aguayo, quien se sumó a las críticas de ministros
“vulgares y corruptos”, como los calificó Manuel López Obrador por negarse a
aprobar la consulta para la reforma energética.
Según
el legislador, “fue una decisión política, no jurídica, una decisión de Estado
que toman en perfecta coordinación la Suprema Corte de Justicia de la Nación y
el Ejecutivo, donde hay todo un cálculo político, ya que está demostrado que no
existe ningún fundamento legal para evitar la consulta”.
Según
él, la Constitución no establece en qué aspectos se limita una consulta (¿?), y
que “la consulta del PAN era de broma, la del PRI absurda, ya que dice que no
se consultaría nada electoral y sólo fue un acto para dar cobertura al
resolutivo de la corte”, lamentó.
Lo
más grave es que Flores Aguayo tiene el título de Licenciatura en Derecho, con ¡Diplomado
en Derecho Electoral!, aunque, por lo que se ve, jamás ha leído la
Constitución. ¡Vaya legisladores que tiene el pobre México! ¿Cuántos más como
él habrá en el Congreso de la Unión? ¡Dios nos libre de los funcionarios en
cuyas manos estamos!
La
duda obligada es si alguien cree que los partidos que solicitaron las consultas
populares ignoraban qué aspectos prohibía la Constitución. ¡Claro que lo sabían
perfectamente! ¡No de balde gastan muy buena lana en asesores para evitar el
ridículo que, en esta oportunidad, fue más que vidente! Luego, entonces, ¿Qué
buscaban realmente a sabiendas de que fracasaría su “gestión”? No lo sabemos
-al menos todavía no-, pero estamos ciertos de que, créalo Usted, ¡jamás dan un
paso “sin huarache”!
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita
del nombre de su autor)
*Luis
Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco avecindado en Chetumal, Quintana
Roo, con más de 36 años de trayectoria como reportero, jefe de información,
editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha
fungido como Jefe de Información de dos ex gobernadores y tres presidentes
municipales, y publicado tres libros.
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